Como consecuencia de la decisión del Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo de reducir el número de altos cargos y racionalizar la Administración general del Estado, el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado la fusión en una de las direcciones generales de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones, que pasa a denominarse Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones.
Posible razonamiento subyacente: hay que recortar gastos > empecemos por lo más superfluo > la libertad religiosa es superflua > suprimamos la DGAR.
Así se las gastan. Y el resultado es una fusión curiosa, donde se reúnen en una Dirección General dos cuestiones que nada tienen que ver entre ellas.
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