ICLARS 2024 Conference, University of Notre Dame (21-23 October 2024), "The Accommodation of Religion or Belief in the Public Sphere: Undeserved Privilege or Fundamental Right?"
Ciclo de Jornadas "El ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior: reflexiones, vivencias y aportes", 18 y 25 de octubre, 8 y 15 de noviembre de 2024, Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá de Henares (más información aquí)
En años anteriores he comentado con mis estudiantes la importancia de guardar las facturas cuando se prevé un litigio, en concreto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta hoy leyendo la decisión del tribunal Estrasburgo en el caso Hamidovic v. Bosnia and Herzegovina (App. no. 57792/15, 5 December 2017) y me encuentro este párrafo:
According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. That is to say, the applicant must have paid them, or be bound to pay them, pursuant to a legal or contractual obligation, and they must have been unavoidable in order to prevent the breaches found or to obtain redress. The Court requires itemised bills and invoices that are sufficiently detailed to enable it to determine to what extent the above requirements have been met. Since no such documents have been submitted in the present case, the Court rejects this claim (n. 54)
Ocurre y seguirá ocurriendo.
Versiones: Operator de Jim Croce en la versión de Diana Krall.
El Ayuntamiento de Madrid presentó en diciembre de 2018 el primer manual de gestión policial de la diversidad religiosa. El documento es de libre acceso a través de Internet. Tiene 172 páginas. A partir de la página 58 el documento contiene referencias y anexos. Los presupuestos implícitos del documento son, a mi modo de ver, dos:
(i) se presupone que la diversidad religiosa en la ciudad de Madrid es enorme: es necesario dotar a la policía de unos datos básicos acerca de fenómenos de creencias que en su mayor parte son desconocidos;
(ii) la secularización en la que viven los policías municipales y su ignorancia inculpable de marco legal obliga a que tengan una información inmediata acerca de la diversidad religiosa.
El apartado 2 está dedicado a la descripción de las confesiones presentes en Madrid, desde la Iglesia católica hasta Comunidades sijs (que jurídicamente ni siquiera son confesiones religiosas, p. 36). En este apartado me llama la atención que se atribuya a la Conferencia Episcopal Española la "representación del catolicismo a nivel nacional" (p. 15). Ni siquiera los propios estatutos de la Conferencia Episcopal Española le reconocen o atribuyen tal representación. A nivel popular podría llegar a pensarse que un organismo en el que se reúnen todos los obispos de la Iglesia católica de España representa a la Iglesia en España. Pero jurídicamente me parece que no es así.
El apartado 3 del Manual tiene por objeto la actuación policial relativa a la gestión de la diversidad religiosa: lugares de culto, vías y espacios públicos, comedor escolar. Respecto de los lugares de culto: el documento prescinde de los templos católicos que no sean parroquias; el lector no acaba de entender si los templos católicos que no son parroquias no son para el Derecho español lugar de culto, o si lo son pero no sabemos qué lugares de culto católicos que no son parroquias existen en Madrid. A estos efectos, el Ayuntamiento de Madrid puede recabar esta info combinando Google Maps y Misas.org. Respecto de las vías y espacios públicos, me parece que parte (si no toda) la competencia principal en materia de ejercicio del derecho común de reunión y manifestación corresponde a la Delegación del Gobierno, no a la policía municipal, y este asunto está poco definido en el Manual. Por último, de la lectura del apartado 3.3. (servicio de comedor escolar) no he conseguido deducir cuál es la atribución específica que la policía municipal de Madrid tiene en esta materia.
Un último detalle un poco maniático: las referencias a páginas web (url's) deberían ir acompañadas en documentos en soporte papel por la fecha de acceso al recurso electrónico de que se trate.
Por lo demás, bienvenido sea este tipo de guías o manuales si ayudan a la policía municipal de Madrid a situarse ante fenómenos religiosos diversos, algunos de los cuales pueden resultar menos conocidos.
José María Martí Sánchez, María del Mar Moreno Mozos (coords.), Derecho de difusión de mensajes y libertad religiosa, Dykinson, Madrid, 2018, 179 pp., ISBN 978-84-9148-555-1.
Es un hecho empíricamente comprobado que la mayoría de las cuestiones de las que se ocupa el Derecho eclesiástico del Estado nunca dejan de ser actualidad en los medios de comunicación y en los debates sociales. De ahí que resulte frecuente una producción eclesiasticista científica y divulgativa caracterizada por su novedad y oportunidad. Y esos calificativos no son vana apología: son sencillamente hacer justicia a la realidad.
E igualmente es otro hecho comprobado que las cuestiones de las que habitualmente se ocupa el Derecho eclesiástico del Estado atraen la atención de otras áreas jurídicas, ya porque entran de lleno en sus sistemas jurídicos (penal, civil, etc.), ya porque en sí mismas revisten mucho interés. Esto justifica la tesis de que estamos viviendo unos momentos de transición, desde el “monopolio” de determinados temas por parte de la ciencia eclesiasticista hacia una nueva etapa de más acentuada interdisciplinariedad y transversalidad entendidas como una visión holística del ordenamiento jurídico. En esta situación transitoria hacia la interdisciplinariedad o la transversalidad, quizá pudiera inquirirse ¿sigue entonces teniendo sentido la singular perspectiva aportada por el Derecho eclesiástico del Estado al ordenamiento jurídico estatal, supranacional e internacional? La respuesta es afirmativa si tenemos en cuenta que esa perspectiva oferta el conocimiento simultáneo de dos ordenamientos jurídicos en el que uno de ellos, el estatal, intenta dar respuesta a las exigencias que presenta otro, el de una religión: estamos ante una “perspectiva de frontera” (S. Ferrari, “Vivere la transizione...”, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 7/2017, pp. 1-4).
(El resto de la reseña del libro se publicará próximamente en la Revista Ius Canonicum).
Mesa Redonda "Libertad de expresión y escarnio de la religión"
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Jueves 23 de abril, 19:00 horas
La Sección de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado de esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación organiza una Mesa Redonda sobre Libertad de expresión y escarnio de la religión, que se celebrará el jueves, día 23 de abril de 2015, a las siete de la tarde, en la que actuará de Moderador el Prof. Dr. Isidoro Martín Sánchez, Catedrático (emérito) de la Universidad Autónoma de Madrid, y que contará con las intervenciones de: Prof. Dr. Rafael Palomino Lozano, Catedrático de la Universidad Complutense; Prof. Dr. Ricardo García García, Catedrático (acreditado) de la Universidad Autónoma de Madrid; y Prof. Dr. Javier Martínez-Torrón, Catedrático de la Universidad Complutense.
M. Kugler, F.J. Contreras, ¿Democracia sin religión? El derecho de los cristianos a influir en la sociedad, Stella Maris, Madrid, 2004, 253 páginas.
El presente volumen colectivo se gestó hace algunos años, en Viena, quizá un poco antes de la celebración de la primera reunión internacional para analizar la intolerancia y discriminación contra los cristianos en el territorio OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) del año 2009. Fue por entonces cuando los informes del Observatorio sobre la Intolerancia y Discriminación contra los cristianos en Europa (entre otras organizaciones participantes) ponían de manifiesto la existencia de un ambiente de hostilidad hacia los cristianos, no sólo en Europa sino también en Occidente, en general. Una situación con dos caras distintas: hacia el Este, abierta persecución; hacia el Oeste, la hostilidad de Europa hacia sus raíces, su historia, su origen.
Benedicto XVI sintetizaba esa situación de dos caras en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2011. En efecto, constatando situaciones de abierta persecución, de martirio, de delitos de sangre, el Pontífice expresaba al su deseo de que en Occidente “especialmente en Europa, cesen la hostilidad y los prejuicios contra los cristianos, por el simple hecho de que intentan orientar su vida en coherencia con los valores y principios contenidos en el Evangelio. Que Europa sepa más bien reconciliarse con sus propias raíces cristianas, que son fundamentales para comprender el papel que ha tenido, que tiene y que quiere tener en la historia; de esta manera, sabrá experimentar la justicia, la concordia y la paz, cultivando un sincero diálogo con todos los pueblos.”
La primera versión (o si se prefiere el antecedente) de “Democracia sin religión” fue “Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse” (Salir de un callejón sin salida. Un GPS para los cristianos en el debate público”), del año 2010, publicado por Kairos. Hay algunas diferencias en el contenido de ambas versiones. En la primera, los artículos de Jane Adolphe, Ombretta Fumagalli o Matts Tunehag, entre otros, respondían a una orientación que acentuaba más el discurso público en el ámbito europeo o los específicos desafíos que presenta el secularismo en el ámbito de la familia.
Por contraste, “Democracia y religión” ofrece mayor claridad respecto de los dos aspectos de fondo que recorren todos los artículos de la nueva versión: por un lado, el análisis de la situación actual en torno a cuestiones nucleares de la sociedad (familia, religión, educación, discriminación, libertad religiosa); por otro, las propuestas u orientaciones para que los cristianos puedan responder a los desafíos que se plantean en dichas cuestiones nucleares. Ambos aspectos permean las dos partes principales en las que se divide la obra: “¿Estorba el cristianismo en Occidente? Las razones de una hostilidad” y “Discriminación, neutralidad, ‘corrección política’ y libertad religiosa”.
Junto con este rasgo de mayor claridad expositiva, el libro aporta lo que podríamos llamar la versión nacional de un problema regional, es decir, el estudio específico de la cuestión en España, oportunamente introducido por Jaime Mayor Oreja en su breve prólogo “Los cristianos ante un gran reto”.
Los autores de la obra no se dejan llevar por un inmediato y superficial alar-mismo acerca de las amenazas que se presentan a los cristianos (y a los creyentes en general) en Occidente. No estamos ante una versión más de la serie de “fobias” (islamofibia, cristofobia, cristianofobia, etc.) que el márketing político de pasillo en instituciones y organismos internacionales ha acogido con entusiasmo (lo cual podría ser positivo), pero que arroja el peligro real de seguir diezmando la unidad de los derechos humanos, eliminando progresivamente su universalidad subjetiva, reafirmando el relativismo geo-jurídico y abonando el terreno para la acción internacional de los grupos de interés de los más fuertes (que no son necesariamente las mayorías). De ahí que Martin Kugler, en su artículo, aconseje, respecto de los cristianos en Occidente, no utilizar la palabra “persecución”, sino de “intolerancia y discriminación contra los cristianos” en Europa y América del Norte, para “describir la negación de la igualdad de derechos de los cristianos y su marginación social” (p. 164). En esta misma línea, Francisco J. Contreras aboga por lo que llamaríamos una “respuesta normal y democrática” a la agresividad del discurso anti-cristiano en Occidente: “los cristianos debemos ser inflexibles en la resistencia a los ataques que impliquen vulneración de derechos fundamentales” (p. 100), pero sin demonizar el debate público (lo cual estaba en el fondo, como es sabido en el movimiento internacional de la anti-difamación de las religiones): “creo sinceramente que los cristianos deberíamos jugar el juego del discurso libre, que incluye el riesgo —más aún, la certeza— de recibir ataques verbales injustos y la ridiculización de lo que consideramos sagrado (otra cosa es la exigencia de que tales agresiones no sean subvencionadas con dinero público” (p. 101).
El lector encontrará en el libro firmas de indudable prestigio en el ámbito nacional e internacional. A los excelentes artículos de los editores de “¿Democracia sin Religión” (Martin Kugler, fundador y director de Kairos Consulting y codirector del Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los cristianos en Europa; Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla) se suman (por citar sólo algunos) los de Ignacio Sánchez Cámara (catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Coruña, célebre columnista en prensa española), Christoph Schönborn (cardenal arzobispo de Viena), Robert P. George (catedrático de la Universidad de Princeton), Francisca Pérez Madrid (catedrática acreditada de la Universidad de Barcelona), Joseph Weiler (catedrático de la Universidad de Nueva York), José Borrego (exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) o Rocco Buttiglione (catedrático de Ciencia Política, conocido por el affaire en relación con su nominación como Comisario de Justicia).
Sintetizar el contenido de esos trabajos resulta quizá impropio de una reseña bibliográfica. De hecho, los propios editores del libro no han concebido el mismo como una obra que deba leerse de principio a fin, sino como una guía: “sugerimos al lector que explore el índice y comience por los capítulos que considere más útiles, en el orden que prefiera” (p. 13). En este sentido, me resultó particularmente interesante el artículo de Michael Prüller “Entender la crisis de secularización del cristianismo”, por lo que recomiendo su lectura. Y, por seguir con ese tipo de lectura selectiva, me desconcierta un poco la opinión de Robert P. George y William J. Saunders en su artículo “¿Qué le pasa a Occidente?” acerca del contenido de los “Toledo Guiding Principles” de la OSCE. En concreto, entienden que ese documento internacional reclama de las organizaciones religiosas incluir en sus enseñanzas los derechos de los homosexuales. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con el contenido de los Principios orientadores de Toledo sobre la enseñanza de las religiones y creencias en la escuela pública, pero en modo alguno ese documento aboga —a mi modo de ver— por lo que esos autores señalan.
Por lo demás, pienso que estamos ante un trabajo sugerente, sólido, pero al mismo tiempo divulgativo, de lectura obligatoria para quienes están interesados en papel de la religión en la vida pública de los países democráticos occidentales.
CONGRESO INTERNACIONAL 2014
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (ARGENTINA)
-INFORMACIÓN DE PRENSA Y DECLARACIÓN FINAL-
En la histórica sede de la emblemática Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba se desarrolló durante los días 3 al 5 de septiembre de 2014 el Congreso Internacional "La Libertad Religiosa en el Siglo XXI: Religión Estado y Sociedad", organizado por la asociación civil Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR).
Participaron más de 130 personas provenientes de 18 países (Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Estados Unidos, España, Italia, Polonia, Reino Unido, Santa Sede, Turquía y la Argentina).
Durante el acto inaugural, realizado en el imponente "Salón de Grados", tomaron la palabra el Presidente del CALIR (Octavio Lo Prete), el Subsecretario de Culto de la Nación (Juan L. Landaburu), la Decana de la Facultad (Marcela Aspell) y el Rector de la Universidad (Francisco A. Tamarit).
Seguidamente tuvo lugar la conferencia inaugural, a cargo de Elizabeth Odio Benito, ex Relatora de Naciones Unidas sobre Discriminación Religiosa, quien se refirió a la vigencia de la "Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”, aprobada el 25 de noviembre de 1981, abogando para que dicho instrumento pueda convertirse en obligatorio para los Estados, aún a nivel regional. Ana María Celis Brunet (Centro de Libertad Religiosa, CELIR, Chile) y Raúl Scialabba (Asociación Bautista Argentina y CALIR) formularon preguntas y comentarios en torno a la presentación. Hay que destacar que la fecha aludida fue propuesta por el CALIR (y así aprobada en distintas jurisdicciones del país) como "Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia".
A lo largo de los 3 días se desarrollaron sesiones plenarias y simultáneas sobre diversas temáticas: Libertad religiosa y sociedad; Libertad de conciencia y derecho a la objeción de conciencia; Religión, conflicto y paz social; Libertad religiosa y política; Símbolos religiosos y espacio público; La libertad religiosa en perspectiva filosófica; Libertad y diálogo interreligioso; Libertad religiosa y sistemas políticos; Libertad religiosa y Derecho; Factor religioso en la política internacional; La libertad religiosa en perspectiva histórica; Régimen jurídico de las confesiones religiosas; Algunas experiencias nacionales en materia de libertad religiosa; Desafíos bioéticos y libertad religiosa; así como Diversidad, pluralismo y discriminación.
En las sesiones plenarias (Salón Vélez Sársfield) disertaron Néstor O. Míguez (Presidente FAIE – Federación Argentina de Iglesias Evangélicas), Rafael Palomino Lozano (Universidad Complutense de Madrid - España), Alberto Patiño (Universidad Iberoamericana - México), Valerio Tozzi (Universidad de Salerno - Italia), Norberto Padilla (ex Secretario de Culto de la Nación y CALIR), Javier Martínez Torrón (Universidad Complutense de Madrid - España), W. Cole Durham (Brigham Young University -BYU- Estados Unidos y Presidente del International Consortium for Law & Religion Studies -ICLARS-) y Carmen Asiaín Pereira (Presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa).
Las presentaciones dieron cuenta de los múltiples desafíos que presenta hoy en día la libertad religiosa, porque si bien en algunos lugares del mundo está garantizada y es promovida como un derecho fundamental, en otros lamentablemente no existe o es violada de diferentes maneras, tanto en el plano individual como institucional.
Hay que resaltar además que el Congreso convocó a responsables de culto de diferentes provincias y municipalidades del país, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse para intercambiar experiencias y políticas de Estado en la materia. Asistieron representantes de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba, de la Ciudad de Buenos Aires, de las Provincias de Misiones, San Luis y San Juan, como también de la Municipalidad de José C. Paz (Buenos Aires).
El Teatro Real fue el marco del acto de clausura. Con la presencia de la Vicegobernadora de la Provincia (Alicia Pregno) y de la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba (Silvia Barei), además de representantes de los tres poderes del Estado provincial, funcionarios municipales, líderes religiosos y de la sociedad civil, hicieron unas reflexiones conclusivas Juan G. Navarro Floria, W. Cole Durham y Jorge H. Gentile, brindando la conferencia de cierre el Cardenal Peter Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz (Santa Sede).
El Presidente del CALIR, antes de concluir el acto, leyó la Declaración Final del Congreso, que se transcribe a continuación:
Con ocasión del Congreso Internacional celebrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, del 3 al 5 de septiembre de 2014 sobre el tema “La Libertad Religiosa en el siglo XXI. Religión, Estado y Sociedad”, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) expresa el siguiente mensaje:
Confirmamos que la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o las convicciones, constituye un derecho fundamental del ser humano que debe ser respetado y garantizado. Consideramos que la libertad religiosa o de convicciones está íntimamente ligada a los principios de no-discriminación e igualdad ante la ley, materia que los Estados deben proteger y en la que las confesiones religiosas tienen la responsabilidad de cooperar activamente. Señalamos que la libertad religiosa supone la libertad de tener una religión o convicciones, e incluye el derecho de todo individuo a ejercer su culto privada o públicamente, en forma individual o colectiva, como también a que se respete la observancia, la práctica y la enseñanza. Esta libertad comprende el derecho a cambiar de religión o convicciones. Deploramos todo tipo de persecución que genere la violación de los derechos humanos fundamentales. Particularmente, repudiamos aquellas persecuciones que han sufrido y sufren personas o comunidades en diversas partes del mundo y que –en algunos casos– provocaron crímenes atroces que exceden los dictados de la fe y la racionalidad humana. Condenamos, en especial, la persecución y masacre contra seres humanos que se perpetran invocando una fe religiosa, pretexto inadmisible y carente de todo sostén. La fe religiosa nunca puede justificar la violación de los derechos fundamentales de las personas. Invitamos, en consecuencia, a todas las instituciones y confesiones religiosas a expresar su condena contra estos hechos de un modo público e inequívoco. Alentamos los esfuerzos creativos y puntuales que se realizan en ámbitos locales, en un contexto interreligioso a fin de promover el diálogo para la paz mediante el servicio a la comunidad. Apoyamos las iniciativas y proyectos que la Comunidad Internacional continúa haciendo para consolidar los principios de la libertad religiosa. De igual modo, sostenemos la gestión de los tribunales internacionales que previenen, investigan y eventualmente condenan a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos por razones religiosas u otras creencias. Proponemos a los gobiernos y a los organismos internacionales competentes avanzar en la aprobación de una convención internacional en el ámbito mundial o en áreas regionales, que proteja de modo eficiente la libertad religiosa y de conciencia. Destacamos la importancia del diálogo continuo y la acción de servicio común entre personas y religiones como un instrumento para consolidar la libertad religiosa y la paz social. Afirmamos que la educación permanente contra todo tipo de discriminación es una herramienta esencial para promover la libertad religiosa u otras convicciones.
Ciudad de Córdoba, República Argentina, 5 de septiembre de 2014.
El Palacio Ferreyra (Museo Evita) fue sede el almuerzo ofrecido una vez concluido el acto de clausura, y allí la Vicegobernadora Pregno –al brindar con los asistentes y felicitar a la organización– manifestó sentirse complacida y halagada de que el Congreso se haya llevado adelante en la Provincia de Córdoba porque con todos sus aportes y miradas ayudó a reforzar una parte muy importante de la dignidad de la persona humana.
El Congreso fue declarado de interés por la Secretaría de Culto de la Nación, contó con el beneplácito del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y con la adhesión de más de 30 instituciones de los ámbitos académico y religioso: Comité Interreligioso por la Paz – Córdoba (COMIPAZ), Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Universidad Nacional de Rosario, Arzobispado de Córdoba, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), Asociación Bautista Argentina (ABA), Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa (CLLR), Comisión Nacional de Justicia y Paz (Conferencia Episcopal Argentina), Confraternidad Argentino Judeo Cristiana (CAJC), Ejército de Salvación, Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado – España (IMDEE), Instituto Universitario ISEDET, Instituto Argentino Jacques Maritain, Instituto de Derecho Religioso del Estado – Uruguay (IDRE), Instituto de Derecho Eclesiástico – IDEC (Universidad Católica Argentina), Organización Judía para el Diálogo Interconfesional (OJDI), Organización Islámica para América Latina y el Caribe, Asamblea Rabínica Latinoamericana, Comunidad de Sant'Egidio, Universidad Adventista del Plata, Asociación Cristiana de la Salud Internacional (ACSAI), Dirección de Cultos de José C. Paz (Provincia de Buenos Aires), Instituto Superior de Estudios Religiosos – ISER, Acción Católica Argentina, Centro de Diálogo Intercultural ALBA, y Sociedad de Diálogo (Córdoba).
Finalmente se destaca el auspicio para la realización del Congreso de las siguientes empresas e instituciones: OSDE, Banco Santander (Fondo de Becas), Arcor, Thomson Reuters, International Center for Law & Religious Studies – USA (BYU), Iglesia Adventista del Séptimo Día e Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
El mes de julio comenzó con una nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que versa sobre los símbolos religiosos: en el caso S.A.S. c. France (Requête no 43835/11), el Tribunal de Estrasburgo estima que la prohibición por ley del velo integral en el espacio público en Francia es conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Resulta interesante desde muchos puntos de vista. Algunos elementos que se podrían destacar son los siguientes.
El primero con el que se encuentra el lector consiste en la modulación de las convicciones que aporta la reclamante. Los motivos religiosos se flexibilizan hasta hacerse netamente individuales, es decir, no integrados de forma rígida en una escuela moral, jurídica o teológica dentro del Islam: es el individualismo expresivo del que escribiera Taylor, llevado a la vivencia del Islam, incontestable desde el punto de vista de la concepción liberal de las creencias que sustenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
11. La requérante, qui se déclare musulmane pratiquante, indique porter la burqa et le niqab afin d’être en accord avec sa foi, sa culture et ses convictions personnelles. Elle précise que la burqa est un habit qui couvre entièrement le corps et inclut un tissu à mailles au niveau du visage, et que le niqab est un voile couvrant le visage à l’exception des yeux. Elle souligne que ni son mari ni aucun autre membre de sa famille ne font pression sur elle pour qu’elle s’habille ainsi. 12. Elle ajoute qu’elle porte le niqab en public comme en privé, mais pas de façon systématique ; ainsi, par exemple, elle peut ne pas le porter lorsqu’elle est en consultation chez un médecin ou lorsqu’elle rencontre des amis dans un lieu public ou cherche à faire des connaissances. Elle accepte donc de ne pas porter tout le temps le niqab dans l’espace public, mais souhaite pouvoir le faire quand tel est son choix, en particulier lorsque son humeur spirituelle le lui dicte. Il y a ainsi des moments (par exemple lors d’événements religieux tels que le ramadan) où elle a le sentiment de devoir le porter en public pour exprimer sa religion et sa foi personnelle et culturelle ; son objectif n’est pas de créer un désagrément pour autrui mais d’être en accord avec elle-même. 13. La requérante précise qu’elle ne réclame pas de pouvoir garder le niqab lorsqu’elle se trouve en situation de subir un contrôle de sécurité, se rend dans une banque ou prend l’avion, et qu’elle est d’accord de montrer son visage lorsqu’un contrôle d’identité nécessaire l’impose.
Parece casi un diseño intencionado para traducir a categorías netamente liberales la experiencia del velo islámico. El ocultamiento del rostro por el niqab o el burqa es la quintaesencia de la autodeterminación individual ("me visto así, ante todo, porque quiero, me gusta, me encuentro bien") y del derecho a la intimidad en su concepción evolucionada (the right to be alone, el derecho a que me dejen en paz con mi ocultamiento).
“¿Quién dice que una mujer velada por completo está subyugada? ¡Yo no estoy subyugada! ¿Qué feminismo puede prohibirme expresarme a mi manera? ¡Yo tengo mi propio feminismo! No hay estándares objetivos de moralidad para un Estado liberal y neutral, fuera del principio de daño: por tanto, si no causo un mal concreto a nadie, no puede prohibírseme ser y actuar como soy. Si la máxima expresión de la autodeterminación del ser humano, en muchas sociedades post-modernas occidentales, es el suicidio, ¿quién puede prohibirme a mí que en el ejercicio de mi autodeterminación anule, no ya mi vida, sino mi imagen?”
Digamos que, de pronto, el Islam ha aprendido el lenguaje de la postmodernidad europea e intenta expresar su pretensión conforme a ese lenguaje, pero sin éxito.
El segundo elemento es la configuración del concepto de víctima. Ciertamente, la demandante ni ha sufrido sanciones por la aplicación de la nueva ley. Sin embargo, la legitimación activa permanece.
57. Ensuite, certes, la requérante ne prétend pas avoir été condamnée – ni même verbalisée ou contrôlée – pour avoir porté le voile intégral dans l’espace public. Un particulier peut cependant soutenir qu’une loi viole ses droits en l’absence d’actes individuels d’exécution, et donc se dire « victime » au sens de l’article 34, s’il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation (voir, notamment, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A no 31, § 27, Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, série A no 112, § 42, Norris, précité, § 31, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 34, CEDH 2008, et Michaud c. France, no 12323/11, CEDH 2012, §§ 51-52 ). Tel est le cas au regard de la loi du 11 octobre 2010 des femmes qui, comme la requérante, résident en France et souhaitent porter le voile intégral pour des raisons religieuses. Elles se trouvent de ce fait devant un dilemme comparable mutatis mutandis à celui que la Cour avait identifié dans les arrêts Dudgeon et Norris précités (§ 41 et §§ 30-34 respectivement) : soit elles se plient à l’interdiction et renoncent ainsi à se vêtir conformément au choix que leur dicte leur approche de leur religion ; soit elles ne s’y plient pas et s’exposent à des sanctions pénales (voir aussi Michaud précité, § 52).
El tercer elemento es la ausencia de agotamiento de los recursos jurídicos nacionales disponibles para hacer valer su pretensión en el Derecho interno.
59. Le Gouvernement soutient qu’en l’absence de toute procédure interne, il doit être conclu que la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. 60. La requérante rappelle que les requérants ne sont pas tenus d’épuiser les voies de recours internes qui seraient inefficaces ou inutiles. 61. Selon la Cour, cette question est dénuée de pertinence dans le contexte du système légal français dès lors qu’elle a conclu que la requérante peut se dire victime en l’absence de mesure individuelle. Surabondamment, elle observe que, s’il est vrai que les griefs dont elle est saisie n’ont pas été préalablement examinés par les juridictions internes dans le cadre de recours exercés par la requérante, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 7 octobre 2010 en faveur de la conformité de la loi avec (notamment) la liberté de religion (paragraphe 30 ci-dessus). La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est également prononcée : dans un arrêt du 5 mars 2013, rendu dans le contexte d’une procédure à laquelle la requérante était étrangère, elle a rejeté un moyen tiré de l’article 9 au motif que la loi du 11 octobre 2010 visait, conformément au second paragraphe de cette disposition, à « protéger l’ordre et la sécurité publics en imposant à toute personne circulant dans un espace public de montrer son visage » (paragraphe 34 ci-dessus). On peut d’ailleurs voir dans ce dernier arrêt une indication selon laquelle, si la requérante avait été condamnée sur le fondement de cette loi et s’était ensuite pourvue en cassation au moyen d’une violation de l’article 9, son pourvoi aurait été rejeté. Il convient donc de rejeter l’exception.
En cuarto y último lugar, respecto del resultado, Francia ha creado no sólo un “orden público inmaterial” (interesantísmo concepto), sino que presenta un principio de orden constitucional, le "vivre ensemble” —derivado de la fraternidad cívica— que, más allá del límite del respeto a los otros (principio de daño), cristaliza en la generación de una nueva obligación cívica absoluta: que todos puedan ver tu rostro en el espacio público. Digo que se trata de una obligación absoluta, porque no aparece justificada (tampoco la encuentra justificada el Tribunal) como instrumento de otros fines jurídico-estatales legítimos: razones de seguridad, de identificación para el ejercicio de un derecho o la obtención de un beneficio, etc. Se trata de una obligación per se: sencillamente porque vivimos juntos en una sociedad, y el rostro es importante para la comunicación, tú no puedes ocultar tu rostro. A juicio del Tribunal, el margen de apreciación nacional ampara las actuaciones normativas estatales dirigidas a hacer realidad esta obligación.
140. Il faut encore examiner ce qu’il en est au regard de l’autre but que la Cour a jugé légitime : le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société comme élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » (voir les paragraphes 121-122 ci-dessus). 141. La Cour observe qu’il s’agit là d’un objectif auquel les autorités ont accordé beaucoup de poids. Cela ressort notamment de l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, qui indique que, « si la dissimulation volontaire et systématique du visage pose problème, c’est parce qu’elle est tout simplement contraire aux exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française » et que « la dissimulation systématique du visage dans l’espace public, contraire à l’idéal de fraternité, ne satisfait pas (...) à l’exigence minimale de civilité nécessaire à la relation sociale » (paragraphe 25 ci-dessus). Or il entre assurément dans les fonctions de l’État de garantir les conditions permettant aux individus de vivre ensemble dans leur diversité. Par ailleurs, la Cour peut accepter qu’un État juge essentiel d’accorder dans ce cadre une importance particulière à l’interaction entre les individus et qu’il considère qu’elle se trouve altérée par le fait que certains dissimulent leur visage dans l’espace public (paragraphe 122 ci-dessus). 142. En conséquence, la Cour estime que l’interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble ».
El “vivir juntos” como principio fundamental genera un nuevo derecho-deber (sin vertiente negativa) no expresamente codificado, que puede limitar derechos fundamentales codificados (derecho a la intimidad, derecho de libertad religiosa, derecho de no-discriminación).
Ahora viene la culinaria (o la alquimia) jurídica. Pase esta sentencia por la túrmix. Mezcle las prohibiciones por vía de ordenanza municipal del niqab y el burka en España con la crítica doctrinal a la cuestión competencial en la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la ordenanza municipal leridana. Añada una cuchara sopera de fraternidad cívica. Un poco de tralará iusfundamental (o iusfundamentalista, eso ya depende de los gustos) es optativo. Póngalo al fuego lento del discurso inmigratorio y, en poco tiempo, obtendrá la prohibición del velo integral también en España. ¡Que aproveche!
Música: James Taylor con su Fire & Rain. Buena versión de Birdy
En el Derecho penal, una de las circunstancias modificativas de la responsabilidad es la nocturnidad. En el campo político, debería existir una circunstancia especial que se denominara "julianidad" y que consistiría en servirse del mes de julio para ejecutar de iniciativas que la opinión pública no tragaría en otro mes, pero que en julio no provocan alboroto, o porque estás de vacaciones en la montaña o en la playa (ande yo caliente...), o porque estás a punto de marcharte a descansar (a la vuelta ya veremos...)
En la universidad, la julianidad es un instrumento particularmente interesante. De hecho, estoy esperando el Boletín Oficial de la UCM último del mes para ver si mi teoría se cumple del todo.
Por lo pronto, mi teoría sobre julianidad y universidad se ha cumplido, porque el Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia ha aprovechado el mes de julio para desmantelar y trasladar la capilla de la Facultad. Es curioso: en la Universidad Complutense no hay dinero para poner botellitas de agua mineral a los miembros de un tribunal de tesis, pero sí lo hay para desmontar una capilla, montarla en otro sitio (¿en el cuarto de las escobas? eso parece) y habilitar un aula donde estaba la antigua capilla (cabe suponer que con mobiliario propio de un aula). Magia potagia. El Rector, por un lado, pidiendo millones de euros a préstamo y el Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia, por otro, gastando en remodelaciones versallescas.
El Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia alega que "Nuestra función es la docencia y la investigación. No debería haber capillas en los centros públicos en un Estado aconfesional". Vale, pues desmonte todos los locales de todas las asociaciones políticas, ideológicas, deportivas et al. de su Facultad. Porque si nuestra función es la docencia y la investigación, a lo que estamos. Y si la neutralidad ideológica obliga, entonces obliga a todo y a todos, no sólo a las religiones. ¿Se atreve a montar una juliana el año que viene a la Unión de Historiadores Progresistas o a Luna Nueva, para ampliar el espacio físico que, según dice Usted, requiere el Plan Bolonia? Estaría guay: cronometraríamos los segundos que tardaría Usted en tener que presentar la dimisión antes de que ardiera el Campus.
El Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia, en uso de la julianidad, se ha fumado un puro (figuradamente) con el Convenio de 20 de diciembre de 1993 entre el Rector de la UCM y el Arzobispo de Madrid (hay en España más de una treintena de este tipo de Acuerdos entre Universidades de titularidad estatal y autoridades eclesiásticas diocesanas, vid. Motilla, A., Contribución al estudio de las entidades religiosas en el derecho español: fuentes de relación con el Estado, Editorial Comares, Granada, 2013, pp. 129-132). Lo que supone a su vez fumarse otro puro (figurado) con el artículo V del Acuerdo de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales. Dice Rectorado que el Convenio se denunció en 2013; primera noticia que tengo (¿otra julianidad?).
Por lo demás, en el contexto de este mandato rectoral ominoso, casposo, oscurantista y cutre no hay que extrañarse de nada: ni de los cadáveres en sótanos, ni de la fantasmagórica supresión del Departamento de los cadáveres (para ahorrar y poder pagar los traslados de capillas y aulas del Decano, supongo), ni de los recortes en botellitas de agua mineral, ni de las bibliotecas cerradas por recortes (que no, Sr. Decano, que la gente no investiga: está Ud. equivocado, lo nuestro no es la investigación, es la julianidad). No hay que extrañarse de nada, repito, pero esperemos que esta pesadilla acabe pronto.
Música. Dos posibilidades a elegir, ambas dedicadas al Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense: (1) Dictatorshit, de Sepultura (2) Exultate Justi, final de la película "El Imperio del Sol".
"Tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa"
Javier Martínez-Torrón, Santiago Cañamares (Coordinadores)
Editorial Tirant lo Blanch
Valencia, 2014
Resumen: Las tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa se han producido desde siempre, cuando se utiliza públicamente un lenguaje ofensivo para la reIigión en general o para algnna religión en concreto. Desde el episodio conocido como "las caricaturas de Mahoma", en 2005, esas tensiones han sido objeto de una atención particular, entre otras razones por las reacciones de determinados sectores del islam frente a lo que consideran ataques intolerables a su sensibilidad religiosa. El presente libro reúne un conjunto de estudios que, desde la perspectiva del derecho internacional y comparado, abordan el núcleo del problema: los límites recíprocos de ambas libertades. Y es que, si bien es cierto que la libertad religiosa no protege un pretendido derecho de las religiones a verse libres de crítica, también es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede verse sometido a limitaciones legitimas por parte del ordenamiento jurídico. De lo que se trata, precisamente, es de analizar en qué condiciones la libertad de expresión puede ser objeto de restricciones, cuando se utiliza un lenguaje injurioso que traspasa los linderos de la mera ofensa a sentimientos subjetivos, y adquiere los perfiles del llamado "lenguaje de odio" (hate speech) o produce objetivamente un efecto inhibidor hacia el derecho de los ciudadanos a tener y manifestar sus propias convicciones, sean religiosas o no.
Autores: Santiago Cañamares Arribas, Rafael Palomino Lozano, Alain Garay, Javier Martínez-Torrón, Silvia Angeletti, Wilhelm Rees, Louis-Léon Christians, Sophie Minette, Angel Sanchez Navarro, Blandine Chelini-Pont, Marco Ventura, Balazs Schanda, Javier García Oliva, Jorge Otaduy, Mark Hill, Natan Lerner.
Steven D. Smith
"The Rise and Decline of American Religious Freedom"
Harvard University Press
223 págs.
Hace tiempo oí hablar de los problemas que estudian los ingenieros, relacionados con la fatiga de los materiales. Después de leer el libro “The Rise and Decline of American Religious Freedom”, del Profesor Steven D. Smith, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de San Diego, no es difícil imaginar que los derechos fundamentales también pueden estar sujetos a ese tipo de fatigas, que conduzcan a su devaluación o a su transformación.
Smith dedica el capítulo 5 de este libro a esa “fatiga” de la libertad religiosa, bajo el título de “The Last Chapter?”
Toma ocasión de un debate entre Michael W. McConnell y Noah Feldman para llegar a la conclusión de que la libertad religiosa bien podría de-construirse, romperse o devaluarse. Completando el estudio de Smith, podría afirmarse que esos efectos en el derecho fundamental de libertad religiosa pueden producirse desde cuatro aspectos distintos.
Desde el aspecto sustantivo, para saber qué protege este derecho fundamental necesitamos saber qué es una religión. Sin embargo, el principio de neutralidad del Estado no consiente que éste (es decir, los legisladores, los jueces o la administración pública) se convierta en experto en ciencia de las religiones, en árbitro de interpretación teológica. De esta manera, el Estado occidental prefiere atenerse a estimaciones subjetivas (seriousness, cogency, coherence… Tribunal Europeo de Derechos Humanos; sincere, meaningful belief… Tribunal Supremo de los Estados Unidos) que se rompen en mil pedazos cuando lo que se pretende es consolidar una expresión jurídica de la personalidad de los grupos religiosos (Copimismo y Flying Spaghetti serían los dos ejemplos recientes más destacables).
Desde el aspecto formal, la deconstrucción de la libertad religiosa proviene de que —como apuntaba Noah Feldman— lo que ampara podría ser protegido separadamente por otros derechos fundamentales (libertad de expresión, de conciencia, de asociación…) La libertad religiosa es un nomen iuris de tipo histórico que hoy en día podría carecer de sentido. En parte, éste es otro modo de ver el replanteamiento del Derecho eclesiástico del Estado en Souto Paz y Polo Sabau, para quienes esa disciplina académica debería dejar paso a las Libertades públicas.
Desde el punto de vista político, la libertad religiosa está hoy sometida a una carga dinámica representada por el derecho a la igualdad y no-discriminación. Las agendas nacionales e internacionales abogan fuertemente por la igualdad en el área de la ideología de género y los principios de las llamadas “religiones fuertes” se muestran como una rémora a los avances en este campo. ¿Qué sentido tiene dotar de una protección jurídica específica a quienes se oponen al progreso?
Por último, desde el punto de vista popular, complementario del anterior, los medios de comunicación nos presentan en las pantallas y en las páginas de los periódicos los interminables conflictos bélicos en Medio Oriente y la violencia provocada por las religiones sobre grupos vulnerables. ¿Debemos proteger a los violentos? ¿No tendría más sentido regirnos por un principio de reciprocidad en materia de derechos fundamentales, respecto de quienes en su propia casa no respetan la libertad de los demás? Probablemente los partidos populistas europeos de derecha (especialmente en boga después de las elecciones europeas) no dudarían en hacerse esas preguntas y contestar: libertad sí, pero para quien la merece.
En lo que respecta a los Estados Unidos de Norteamérica, para Steven Smith el peligro de la devaluación o la decadencia de la libertad religiosa no es un hecho consumado. Opone los resultados de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos CLS v. Martinez y Hossanna-Tabor v. EEOC, para concluir de alguna forma que el debate está abierto (y especialmente vivo en la doctrina académica). El próximo capítulo del debate judicial llegará dentro de poco, de la mano del caso Hobby Lobby sobre el no menos debatido tema de la libertad de conciencia institucional en las empresas.
"Tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa"
Javier Martínez-Torrón, Santiago Cañamares (Coordinadores)
Editorial Tirant lo Blanch
Valencia, 2014
Resumen: Las tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa se han producido desde siempre, cuando se utiliza públicamente un lenguaje ofensivo para la reIigión en general o para algnna religión en concreto. Desde el episodio conocido como "las caricaturas de Mahoma", en 2005, esas tensiones han sido objeto de una atención particular, entre otras razones por las reacciones de determinados sectores del islam frente a lo que consideran ataques intolerables a su sensibilidad religiosa. El presente libro reúne un conjunto de estudios que, desde la perspectiva del derecho internacional y comparado, abordan el núcleo del problema: los límites recíprocos de ambas libertades. Y es que, si bien es cierto que la libertad religiosa no protege un pretendido derecho de las religiones a verse libres de crítica, también es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede verse sometido a limitaciones legitimas por parte del ordenamiento jurídico. De lo que se trata, precisamente, es de analizar en qué condiciones la libertad de expresión puede ser objeto de restricciones, cuando se utiliza un lenguaje injurioso que traspasa los linderos de la mera ofensa a sentimientos subjetivos, y adquiere los perfiles del llamado "lenguaje de odio" (hate speech) o produce objetivamente un efecto inhibidor hacia el derecho de los ciudadanos a tener y manifestar sus propias convicciones, sean religiosas o no.
Autores: Santiago Cañamares Arribas, Rafael Palomino Lozano, Alain Garay, Javier Martínez-Torrón, Silvia Angeletti, Wilhelm Rees, Louis-Léon Christians, Sophie Minette, Angel Sanchez Navarro, Blandine Chelini-Pont, Marco Ventura, Balazs Schanda, Javier García Oliva, Jorge Otaduy, Mark Hill, Natan Lerner.
XIV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa
Córdoba (Argentina), 1 y 2 de Septiembre de 2014
"Protección penal de la Libertad Religiosa”
El Derecho Eclesiástico atraviesa todas las ramas del Derecho, y entre ellas también el Derecho Penal.
La libertad religiosa, siendo uno de los bienes más valiosos para las personas, merece también una protección penal, de manera que los atentados más graves contra ella sean debidamente castigados. El factor religioso puede también entrar en consideración en la tipificación de delitos o en la fijación de penas, sea para agravarlas o para atenuarlas.
La propuesta para nuestro Coloquio de este año 2014, es responder a las siguientes preguntas, en relación a cada uno de nuestros países para permitir un estudio comparado y un aprendizaje compartido en esta materia:
- ¿Es la libertad religiosa un bien jurídico específicamente protegido por la legislación penal de nuestros países?
- ¿El factor religioso es tomado en cuenta por el Derecho Penal, sea para la tipificación, sea para la agravación o para la morigeración de las penas, en relación a algunos delitos?
- ¿Toma en cuenta la condición de ministro de culto para la tipificación de delitos, o para el agravamiento o morigeración de penas?
- ¿La discriminación religiosa es un delito o una circunstancia penalmente relevante? ¿Cómo se la configura?
- Los templos, lugares religiosos y objetos destinados al culto o la veneración, ¿reciben protección penal?
- ¿Se garantiza la libertad religiosa de las personas a las que se imponen penas privativas de libertad?
- ¿Se sanciona penalmente la expresión de odio religioso?
Estos interrogantes se plantean de manera indicativa, y no quitan que puedan abordarse otras cuestiones, como la relevancia del factor religioso en el derecho penal internacional, o las vinculaciones entre el derecho penal de los estados y el derecho sancionatorio interno de las confesiones religiosas, por ejemplo.
Con facilidad podríamos concluir que la amenaza a los derechos fundamentales es un fenómeno que sucede lejos de nuestras fronteras. Ciertamente es así en la materia de la que se ocupa este blog. Nadie en Europa es asesinado por sus convicciones religiosas. A nadie se le aplica una pena por tener, no tener o cambiar su religión.
No obstante, es bueno estar alerta allí donde aparecen los primeros síntomas de intolerancia, discriminación o de sistemático ejercicio de expresiones cuanto menos negativas. Porque de un clima socialmente aceptado de presión negativa (expresiones, pintadas, destrucción de bienes materiales, y un largo etcétera) en contra de determinadas creencias religiosas, a cargo de agentes no estatales, bien se puede seguir con el tiempo una abierta persecución.
De ahí que la labor que se viene desarrollando en la denuncia de actos de intolerancia contra el cristianismo en Europa y en España, resulte de una importancia capital para tomar el "pulso axiológico" de las tendencias que podrían venirse encima. En tal sentido, me parece recomendable leer estos informes disponibles a través de la red:
"Ataques a la libertad religiosa en España 2013", a cargo del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, disponible a través de este vínculo.
"Observatory's Report on Intolerance and Discrimination against Christians in the Year 2013", a cargo del Observatorio Europeo sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa, disponible a través de este vínculo.
Comparto la opinión de Malcolm D. Evans, expresada en este artículo, de que en materia de derechos fundamentales (la libertad religiosa en particular) corremos el peligro de reducir la actualidad y la práctica a un problema de "fobias". Pero no es menos cierto que las alarmas sociales deben estar en buen estado, sensibles a las alteraciones, de forma que no nos insensibilicemos ante quienes han declarado la guerra fría contra el Estado de derecho en razón de una razón que se ha vuelto loca.
Música: una sugerente versión de "A Casa" de Rodrigo Leao.
Seguir la actualidad del Derecho eclesiástico del Estado se convierte en una actividad que se distribuye en partes iguales entre los contenidos de soporte papel y en soporte digital. Entre las publicaciones digitales más interesantes que he encontrado estos días voy a destacar aquí dos:
- Movsesian, M. L., "Defining Religion in American Law: Psychic Sophie and the Rise of the Nones", EUI Working Papers, Florencia, 2014. Se trata de una publicación del Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados (European University Institute). A raíz del caso judicial Moore-King v. County of Chesterfield, 819 F. Supp.2d 604, 611 (E.D. Va. 2011), sobre impago de tasas municipales para el ejercicio de actividades consideradas profesionales (en este caso, la adivinación), Movsesian reflexiona acerca de los retos prácticos que plantean los "Nones" (espiritualistas o creyentes no adscritos a grupos institucionales) en los ordenamientos jurídicos occidentales, acostumbrados a vérselas con religiones institucionales u organizadas.
- Castro Jover, A., Vía pública y libertad religiosa, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2013. La propia página web del Observatorio explica la razón de esta obra: "Con el objetivo principal de contribuir a la mejora de la gestión municipal del hecho religioso, esta guía aborda las demandas y usos más habituales en relación con la presencia y utilización de la vía pública por parte de comunidades religiosas -realización de actividades que suponen una ocupación de la vía pública, uso ocasional de espacios y equipamientos públicos, rotulación de lugares de culto- y proporciona claves y orientaciones específicas de gestión. La guía aborda igualmente la contaminación acústica derivada de las manifestaciones de culto en tanto que elemento fundamental tanto desde la perspectiva de la libertad religiosa como de la convivencia". Respecto de este último extremo (la contaminación acústica) se echa en falta el estudio específico de los campanarios. La razón de esta ausencia podría ser que la guía va dirigida a minorías religiosas para las cuales este tema no ha sido objeto de interés o de conflicto.
A la lectura de estos dos trabajos, me gustaría añadir la recomendación de la Sentencia T-658/13 de la Corte Constitucional de Colombia, de 23 de septiembre de 2013, donde un Alto Tribunal de un Estado democrático se apunta al más rancio regalismo: muy interesante.
Hoy no estoy muy inspirado para la música, pero esta canción de Youn Sun Nah hay que escucharla por lo menos una vez en la vida.
Rodríguez Blanco, Miguel; González Ayesta, Juan (Directores), Religión y Derecho internacional, UNIR-Editorial Comares, Granada 2013, 566 pp.
Personalmente he llegado al convencimiento de que el avance del cultivo del Derecho eclesiástico del Estado español pasa necesariamente por dos vías complementarias. Una es la interconexión con diversas disciplinas sociales (tales como la Sociología, la Ciencia política, la Filosofía y un largo etcétera). La otra, es la internacionalidad, es decir, el fomento de las relaciones académicas y el intercambio de experiencias con estudiosos fuera de nuestras fronteras, más allá del tradicional eje Alemania-Italia-España, que tantos y tan buenos resultados ha generado en la literatura jurídica.
El presente trabajo que dirigen los Profesores Miguel Rodríguez Blanco (Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad de Alcalá de Henares) y Juan González Ayesta (Profesor de la Universidad Internacional de La Rioja), responde a ambas vías en gran medida. A esta interesante deriva, se añade la no menos importante del origen de este voluminoso trabajo. Dicho origen (como se explica en la Presentación que firma el Profesor Rodríguez Blanco) es la constitución en el seno de la Universidad Internacional de La Rioja, en el año 2012, del Grupo de investigación “Culturas, religiones y derechos humanos en la sociedad actual”, compuesto nada menos que por una veintena de investigadores, entre juristas, antropólogos, historiadores y sociólogos. No es común la constitución de este tipo de grupos. Menos lo es en la universidad privada (que, salvo honrosas excepciones, no transmite una imagen particularmente afín a la investigación y la producción científica) y desde luego es rarísimo que se consiga conjuntar especialistas en diversas ramas de las Ciencias jurídicas y de las Ciencias sociales con resultados tan sólidos como los que representa este libro. Por lo demás, “Religión y Derecho internacional” se presenta como la plataforma-base o, como indica el Profesor Rodríguez Blanco en la Presentación, como “un trabajo de corte genérico que permitiera llevar a cabo una aproximación a la relevancia social y jurídica del hecho religioso en la sociedad actual”. O sea, establecer el status quaestionis desde una perspectiva multidisciplinar, con el fin de abordar con posterioridad otros estudios enmarcados dentro del amplio campo de estudio.
El libro de Rodríguez Blanco y González Ayesta está dividido en cuatro partes o áreas temáticas: “Religión y Comunidad internacional”, “Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, “La libertad de enseñanza” y, por último, “Minorías religiosas y prohibición de la discriminación”. Evidentemente, estas áreas temáticas no agotan todo el alcance del factor religioso en el ámbito jurídico internacional, pero es indudable que resultan indicadores bien precisos sobre la presencia de creencias y religión en dicho ámbito. Resultaría poco menos que imposible dar merecida cuenta detallada en estas páginas del Anuario del contenido de cada uno de los veinte trabajos que comprende el libro. Me limitaré, en consecuencia, a sintetizar su contenido y elementos más relevantes.
La primera parte, “Religión y comunidad internacional”, se abre con un excelente trabajo del Profesor Pablo Miguel Orduña Portús, en el que se realiza un sintético recorrido histórico, desde la reforma protestante hasta nuestros días, sobre los factores que determinan las relaciones políticas y jurídicas de los Estados y la religión. La conclusión, compartida por otros estudiosos del tema, parece clara: el esquema de relaciones post-wesfaliano, que despejaba del tablero político y diplomático el factor religioso, está dando paso a un nuevo orden internacional en el que religión y creencias cobran un papel protagonista cuyo alcance todavía es difícil de cifrar con exactitud. Sigue a este trabajo el estudio del Profesor Armando Alvares García, titulado “Los derechos humanos y su perspectiva actual: Unión Europea-Países en desarrollo” en el que se investiga la eficacia de las políticas económicas en la implantación universal de la cultura de los derechos humanos. Por su parte, la Profesora Rosa María Almansa Pérez dedica su trabajo “Evolución de las declaraciones universales de derechos y la relativización de las fuentes de la moral religiosa” a los orígenes cristianos de las concepciones laicas sobre los derechos humanos y su presencia en las grandes declaraciones de derechos del siglo XVIII, que se completa con un agudo análisis de la secularización de los derechos humanos por obra del laicismo, lo que ha significado un cambio de las bases antropológicas de esos derechos y en consecuencia una transformación sobre su significado y su alcance. El Profesor González Ayesta estudia un tema de indudable actualidad en su trabajo “La personalidad internacional de la Santa Sede: algunas claves de aproximación a un problema complejo”. La cuestión no deja de ser, como el propio autor reconoce, un tema clásico desde el punto de vista de los estudiosos del Derecho que nos sitúa ante un sujeto de derecho internacional totalmente peculiar por su vinculación a una confesión religiosa y por el hecho de mantener una relación especial con una entidad estatal y territorial, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Este estudio, de carácter más teórico, se completa con otros dos de orientación más práctica: “La participación de la Iglesia católica en las Naciones Unidas”, a cargo del Profesor Pedro Sánchez Llavero, con un apéndice documental, y “La contribución internacional de la Santa Sede a las políticas contra la corrupción”, a cargo del Profesor Martín Santiváñez Vivanco, donde se estudia el papel de la Doctrina Social de la Iglesia en la lucha contra la corrupción política y económica, y su propuesta de una autoridad internacional contra la corrupción. Esta primera parte se cierra con el trabajo del Profesor Francisco de Borja Santamaría Egurrola “La libertad religiosa en Benedicto XVI”, en la que se sistematiza el pensamiento del Pontífice en torno a lo que ha sido una de sus prioridades intelectuales en muy distintos discursos y escritos.
Comienza la segunda parte del libro —sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión en el ámbito internacional— con un estudio de la Profesora María del Ángel Iglesias titulado “La libertad religiosa en los textos regionales de protección de los derechos humanos”. Como en su momento ya subrayó el profesor Martínez-Torrón en el Tratado de Derecho eclesiástico del Estado, “(…) los instrumentos regionales son los que se encuentran mejor capacitados para desempeñar una más eficaz protección de los derechos humanos. Y ello por dos razones principales. Primero porque se circunscriben a un ámbito territorial más reducido, con la consiguiente mayor adaptación a unas particulares circunstancias políticas y culturales. Segundo, y sobre todo, porque disponen de mecanismos de aplicación y control más directamente coercitivos, en algunos casos estrictamente judiciales”. De ahí que este capítulo tenga un interés especial; en efecto, en él encontrará el lector algunos datos prácticos sobre las cuestiones polémicas en materia de libertad religiosa que se han elevado a las instancias regionales; en tal sentido llamarán más la atención —por menos conocidos— los asuntos decididos por la Comisión africana sobre los derechos humanos y de los pueblos. El Profesor Tomás Aliste Santos es autor de la contribución titulada “Los límites de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”; en primer lugar, estudia la libertad de conciencia considerada como regla general, y como excepción, respecto a la protección de los derechos fundamentales. De ahí pasa a exponer la cuestión de los límites a los derechos fundamentales, con las imprescindibles referencias a la doctrina desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como al principio de neutralidad ideológica y religiosa como actitud estatal derivada del reconocimiento de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El Profesor Sergio Cámara Arroyo aporta su investigación titulada “La libertad de las personas privadas de libertad: marco internacional, europeo e iberoamericano”, donde se incluyen las normas aplicables tanto a los reclusos mayores de edad como a los menores. La Profesora Mercedes Salido López aborda en su estudio “La protección jurídica internacional de la libertad religiosa de los menores” una perspectiva del tema ajustada a la concepción progresiva de la capacidad de obrar iusfundamental del menor de edad. De nuevo, el estudio del Profesor Guillermo García González “Relaciones laborales y libertad religiosa: su integración a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos” incide en las aportaciones del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos acerca de la libertad religiosa en la relación de trabajo, que supone —en su propias palabras— la “recomposición constitucional del contrato de trabajo”, y que el autor estudia en dos campos específicos: el vestuario de inspiración religiosa del trabajador y el calendario laboral. El Profesor José Antonio Díez Fernández, en su trabajo “El caso ‘Bayatyan’: punto de inflexión en la doctrina del Tribunal de Estrasburgo sobre la libertad de conciencia”, amplía sus valiosas investigaciones previas sobre objeciones de conciencia sanitarias. Se cierra esta parte del libro con el estudio del Profesor Jesús Mejías López titulado “La representación audiovisual de la religión: libertad religiosa y postconflicto”, que toma ocasión del documental de J. Shapiro, B.Z. Goldberg y C. Borlado “Promises”, sobre el conflicto palestino-israelí, para estudiar las diversas dimensiones de la libertad religiosa y la incidencia en ellas de la dimensión identitaria, personal y comunitaria.
La tercera parte del libro se inicia con un estudio de la Profesora Isabel Cano Ruiz titulado “El derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Esta investigación realiza un amplio recorrido a través de los instrumentos internacionales relevantes, para desembocar en un pormenorizado estudio de la jurisprudencia de Estrasburgo. Por su parte, la Profesora María del Carmen Caparrós Soler centra su investigación en “Textos, resoluciones y decisiones de organismos internacionales sobre la enseñanza de contenidos religiosos en la escuela pública”; no ofrece una simple recopilación de documentos relavantes (que sólo ocupa un anexo), sino un análisis articulado a partir de tres puntos centrales: la enseñanza de contenidos religiosos y sus exigencias, la instrucción religiosa no neutral y las decisiones del sistema del Convenio europeo sobre la materia. De esta manera, se cubre un sector de cuestiones relativas a la libertad de enseñanza, que se completan en el siguiente capítulo, de la Profesora Silvia Carrascal Domínguez, “Educación en valores y tolerancia: estudio y análisis de disposiciones, informes y recomendaciones de UNESCO en materia de diálogo interreligioso y educación intercultural”, que constituye una primera aproximación para que el lector no iniciado pueda tener una primera noticia sobre las implicaciones de dos conceptos emergentes y ya consolidados, que han dejado atrás la multiculturalidad como solución o como forma de tratamiento de las sociedades plurales o diversas.
La cuarta y última parte de este volumen colectivo (“Minorías y prohibición de discriminación”) comienza con la contribución de la Profesora Sonia Bartol Sánchez “La protección de las religiones”, una reflexión sobre los denominados Nuevos Movimientos Religiosos. La aproximación al tratamiento jurídico de las minorías religiosas exigía también investigar acerca del alcance del principio de igualdad y no discriminación: es precisamente lo que lleva a cabo la Profesora Pilar Beltrán Cerdán en su trabajo “La no discriminación por razón de religión: la discriminación indirecta”, centrado sobre todo en la normativa de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Cierra esta parte —y con ella todo el libro— la contribución “Los modelos de financiación de las confesiones religiosas desde la perspectiva de la libertad religiosa y de la no discriminación”, de la Profesora Patricia Díaz Rubio: una buena síntesis actualizada sobre un tema clásico de estudio en el Derecho eclesiástico del Estado.
Al terminar la lectura se obtiene una doble impresión acerca del este excelente libro. Por un lado, que parece responder a las características de un volumen colectivo; a este respecto, se agradecería que, en las páginas finales, apareciera un brevísimo curriculum vitae de todos los participantes. Por otro lado, lo que hubiera sido en principio un conjunto de papeles de trabajo (working papers), dirigidos a ilustrar a los propios investigadores acerca de los aspectos básicos de una investigación multidisciplinar en curso, terminó haciéndose público, lo cual es un indudable acierto que agradecemos los lectores.
Martínez-Torrón, Javier, Religion and Law in Spain, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2014, 264 pp.
En lo que se me alcanza, la presencia de autores españoles en el ámbito académico internacional es una realidad consolidada. No es infrecuente encontrar en revistas jurídicas de otros países artículos —en inglés, italiano y alemán, francés y portugués, sobre todo— en los que se da cuenta de aspectos parciales del Derecho eclesiástico español o se ofrece a lectores extranjeros una introducción al sistema español de relación entre el Estado y las religiones presentes en el país. Añádase a este tipo de iniciativas la extensa bibliografía de comparación sectorial en los países de la Unión Europea, que ha promovido a lo largo de los años el European Consortium for Church and State Research, en la que han intervenido destacados profesores de nuestro país, y obtenemos un panorama bastante ajustado a la iniciativa doctrinal dirigida a dar a conocer fuera de nuestras fronteras y en otros idiomas el contenido del Derecho eclesiástico del Estado español.
Hasta ahora, la producción científica en nuestra disciplina no había publicado un libro, en la lingua franca de la investigación internacional, dedicado a tratar de forma global el Derecho eclesiástico español. El Profesor Martínez-Torrón ha tomado la iniciativa, de la mano de una prestigiosa editorial internacional, en el marco de la colección International Encyclopaedia of Laws. No resulta difícil concluir que la proyección internacional del Profesor Martínez-Torrón es especialmente idónea para afrontar la empresa exitosamente: en efecto, sus libros y artículos —como autor o editor— han sido publicados en veinte países, en español, inglés, italiano, francés, ruso, lituano, eslovaco, turco, indonesio y chino.
El libro pretende ser un manual básico sobre Derecho eclesiástico del Estado español. Se somete a criterios o reglas que permitan a la entera colección en la que se incardina ofrecer una revisión transversal de aspectos específicos y problemas prácticos en diversos países. Entre esos criterios formales el que quizá llama más la atención al lector es la numeración de los párrafos (hasta 588), lo que hace suponer que la editorial ha previsto la necesidad de conjugar la futura divulgación en formato electrónico y facilitar la cita académica. Respecto de las reglas relativas a la distribución de la materia objeto de estudio, la ordenación resulta un tanto distinta de aquella que cabría esperar de un manual al uso porque, junto con elementos que resultan habituales (estructura legal, fuentes, principios del sistema —bajo la rúbrica typology of the system—, institutos específicos como objeción de conciencia, personificación de las entidades religiosas, asistencia religiosa, etc.), se introducen otros elementos de análisis, tales como la influencia mutua de religión y política, las conexiones existentes entre libertad religiosa y otros derechos fundamentales, la influencia de la religión en la cultura, el debate público o la sociedad civil en general.
El Prefacio resulta ser una pieza maestra de sencillez que explica acerca de forma sintética al lector extranjero el porqué de los estudios de Derecho eclesiástico en España, el desarrollo de la libertad religiosa en nuestro país y los grandes problemas o deficiencias de nuestro sistema, relativos sobre todo al principio de igualdad respecto de las minorías religiosas y la justa protección de la objeción de conciencia en el ordenamiento español.
El esquema del libro requería una introducción sobre hechos y derecho, es decir, sobre la realidad histórica y sociológica española, junto con una explicación del ordenamiento jurídico español, ambas tareas difíciles de abordar en un reducido espacio. Sin embargo, el resultado es más que satisfactoria, teniendo en cuenta que la temática no le resulta ajena al autor, que en más de una ocasión ha realizado exitosas incursiones sobre aspectos históricos del Derecho eclesiástico de nuestro país, relativos especialmente al periodo de la II República española y la Transición democrática.
En su desarrollo, el libro presenta la rara virtud de hacer fácil lo difícil. Es decir: presentar de un modo accesible conceptos, debates y problemas que difícilmente podrían condensarse en un solo párrafo, que es precisamente lo que el autor consigue. La otra gran característica del trabajo consiste en combinar la exposición de los temas y el análisis jurídico con la evaluación práctica de las instituciones. La exposición relativa a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en una muestra de esto que indico. De esta forma se consigue ampliar —como no podía ser de otra manera— el público destinatario, que no será necesariamente el estudiante español (o extranjero, en el caso de los Erasmus) de Derecho, ni el jurista que se acerca desde otro ordenamiento jurídico a los problemas del nuestro, sino también profesionales del foro que trabajan en el ámbito internacional de la libertad religiosa, a quienes interesa saber no sólo, valga el ejemplo, el valor jurídico de la inscripción registral de las confesiones, sino las consecuencias prácticas (también sociológicas) que conlleva dicha inscripción. Lo llamativo del caso es que el autor consigue esa rara virtud a la que hacía referencia al principio del párrafo sin haber escrito antes un manual de Derecho eclesiástico del Estado (de principio a fin, quiero decir: es cierto que intervino como coautor en el Tratado de Derecho eclesiástico del Estado de 1994 y como coordinador, junto al Profesor Rafael Navarro-Valls en la enciclopédica Base del conocimiento jurídico de la editorial Iustel). No estamos, por tanto, ante una “reelaboración” o traducción de un producto anterior, sino ante un producto totalmente nuevo, consecuencia —eso sí— de muchos años de reflexión y también de haber explicado más de una y dos veces el Derecho eclesiástico español a personas de otros países que —en los foros internacionales frecuentados por el Profesor Martínez-Torrón— se acercaban con el deseo de conocerlo.
A lo largo de los once apartados de los que consta el libro se procura en todo momento establecer la necesaria conexión entre el Derecho interno y el internacional, con las correspondientes referencias a los instrumentos internacionales y, de modo particular, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este método de exposición resulta no sólo oportuno, sino necesario, tanto si se tiene en cuenta el público potencial al que se dirige el trabajo, como si se intenta ser coherente con el sistema de derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. De este modo se evita, en fin, reducir la exposición del Derecho internacional al apartado relativo al sistema de fuentes, y referir después el resto de las cuestiones expuestas al Derecho interno, lo cual resulta en un empobrecimiento de la perspectiva y del alcance las materias tratadas.
El trabajo se cierra de un modo excelente, por dos motivos. El primero consiste en que el autor ofrece a los lectores (no olvidemos que serán en su mayoría extranjeros) un elenco de bibliografía seleccionada, en la que con inmejorable criterio práctico se distinguen revistas especializadas (en papel y electrónicas), manuales o tratados, y una amplia lista de artículos, por orden alfabético de autores. El segundo motivo consiste en incluir —como es habitual en la manualística internacional y angloamericana— un índice de voces que permita el acceso directo a los temas que pudieran requerir una consulta inmediata.
Por último, el manual bien puede servir también como futura referencia para los autores españoles que publiquen en inglés. Me explico: en más de una ocasión encontramos que la traducción de determinados términos jurídicos españoles al inglés se hace de modos diversos, dada la dificultad que entraña llevar a otra lengua algo específico del Derecho eclesiástico español. Quizá a partir de este manual podríamos acogernos a la traducción de esos términos que escoge el autor, de forma que los lectores de habla inglesa no se encuentren con palabras distintas que, en fondo, pretenden designar lo mismo.
Música: Beauty and the East, de Bombay Dub Orchestra.