Nuestro Gobierno de progreso ha desplegado en los últimos meses una ofensiva contra ese tenebroso cáncer anti-democrático llamado objeción de conciencia (OC): la Junta de Andalucía amenaza con multas a los farmacéuticos que se niegan a dispensar la píldora del día siguiente, desde el ministerio de Educación se trata a los objetores a EpC como perturbados fanáticos, y el ministro de Justicia sienta una rompedora “doctrina Caamaño”: “No hay más OC que la expresamente establecida en la Constitución o por el legislador. Todos estamos sometidos a la ley. Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque [el principio contrario] nos llevaría en muchísimos temas a la desobediencia civil” (ABC, 12-08-2009).
La tesis gubernamental es disparatada. La Constitución sólo contempla expresamente la OC al servicio militar (art. 30.2), y únicamente esta modalidad de objeción ha tenido desarrollo legislativo (ley de 26-12-1984). Pero el Tribunal Constitucional, en un fallo que fue saludado en su momento por la izquierda como “eminentemente progresista” (STC 53/85, de 11-04-1985), estableció que la OC forma parte del contenido esencial del derecho a la libertad religiosa e ideológica (art. 16.1 CE) y que, por tanto, “el derecho a la OC existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación [por la ley ordinaria]”.
La OC expresa en forma eminente la indomeñabilidad moral del hombre: no puede sorprender que haya sido temida por los gobiernos desde tiempo inmemorial (desde Antígona …). La OC es, siempre, un molestísimo forúnculo en el trasero del poder; el gobernante sabe que no puede despachar al objetor como a un vulgar delincuente que intenta zafarse del deber jurídico por falta de civismo. El criminal es moralmente inferior al ciudadano común; el objetor es, con frecuencia, superior. Los móviles del objetor son idealistas: rechaza el cumplimiento de la ley por estimarla injusta, no porque su desobediencia vaya a reportarle ventaja material alguna (al contrario, su actitud implicará con frecuencia incomodidades y riesgos; incluso en el caso más clásico de OC –el servicio militar- la ley preveía una prestación sustitutoria más onerosa que la incorporación a filas).
La OC implica el cuestionamiento de la infalibilidad moral del poder político: en esa medida, ha sido habitualmente reconocida por los Estados liberales (¿no es la falibilidad moral del poder –y, por tanto, la necesidad de su estricta limitación- la esencia del liberalismo?) y perseguida por los totalitarios (que se consideran, no sólo custodios de la viabilidad de la convivencia, sino jueces morales supremos, [re]definidores del bien y del mal). Resulta reveladora, en este sentido, la evolución de la actitud de la izquierda frente a la OC: celebrada como gallarda resistencia a la opresión cuando se trataba de la milicia (¿recuerdan cómo Víctor Manuel cantaba a la “insumisión”?), ha pasado a ser juzgada como pestilente semilla de anarquía y “desobediencia civil” ahora que se refiere a la ingeniería social sesentayochista (aborto, EpC, gaymonio …).
La izquierda, pues, no valoraba la OC en cuanto tal (expresión de la autonomía moral individual o señal de alarma frente a la ley injusta), sino que todo dependía del signo ideológico de lo objetado; era progresista la resistencia al ejército, pero es reaccionaria la objeción al aborto: “antes morir que matar” (Bono dixit) … salvo si se trata de fetos. La izquierda del siglo XXI ha desechado definitivamente la revolución socio-económica … para reemplazarla por la sexual-familiar-cultural: medidas como la ampliación del aborto o la EpC no son “cortinas de humo”, sino la esencia misma del “progresismo” postsocialista. No esperemos cuartel en estos temas. El futuro de la OC es incierto.
Francisco J. Contreras
Catedrático de Filosofía del Derecho
(de próxima publicación en papel, reproducido en este blog por gentileza del autor)
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