El tema es conocido, recordarán muchos que el Arzobispo de Canterbury Rowan Williams pronunció un discurso el 7 de febrero de 2008, el que indicó que “[a]mong the manifold anxieties that haunt the discussion of the place of Muslims in British society, one of the strongest (reinforced from time to time by the sensational reporting of opinion polls) is that Muslim communities in this country seek the freedom to live under sharia law.”
La propuesta del líder religioso británico a estudiar este tema, es decir, de la validez de la sharia como realidad jurídica en la vida de los musulmanes británicos, produjo una tormenta de opiniones a favor y en contra. Diversas instancias oficiales del Gobierno y del Parlamento han estudiado y han propuesto medidas relativas a esta expresión del pluralismo jurídico en la sociedad británica. Y en Febrero de 2018, diez años después de aquel discurso, el Gobierno presentó este informe al que aquí me refiero al Parlamento inglés.
Creo que vale la pena leerlo porque es una investigación con datos interesantes y propuestas sugerentes.
En el resumen del informe (pp. 4-6) aparece una afirmación que ha llamado especialmente mi atención y es la siguiente: It should also be noted at the outset that those proposing a ban on sharia councils provide no counter proposal or any solution for anyone seeking a religious divorce. It is clear from all the evidence that sharia councils are fulfilling a need in some Muslim communities. There is a demand for religious divorce and this is currently being answered by the sharia councils. This demand will not end if the sharia councils are banned and closed down and could lead to councils going ‘underground’, making it even harder to ensure good practice and the prospect of discriminatory practices and greater financial costs more likely and harder to detect. It could also result in women needing to travel overseas to obtain divorces, putting themselves at further risk.
Explica el informe que no resultaría una buena solución clausurar o prohibir los consejos islámicos: (i) porque responden a una demanda social que no desaparecerá si esos consejos son prohibidos, (ii) porque podría conducir a que se crearan consejos islámicos clandestinos, haciéndose entonces más difícil garantizar buenas prácticas y propiciándose prácticas discriminatorias y costas o tasas desproporcionados, y (iii) porque incluso se obligaría a las mujeres musulmanas a viajar fuera del Reino Unido para obtener su divorcio, poniéndose entonces en situaciones de grave riesgo. Esta justificación es exactamente la misma que se hacía y se hace para pedir la legalización del aborto en aquellos países en los que está prohibido.
Con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos en el asunto Molla Sali contra Grecia, de 19 de diciembre de 2018 (sobre el carácter discriminatorio de la aplicación de la sharia en el derecho sucesorio griego), Grégor Puppinck llamaba la atención de que corremos el peligro de realizar una aproximación relativista, no convergente al Derecho musulmán. No nos preguntamos si es bueno, malo, razonable, si hace justicia o no en el caso concreto, si es exigible desde el punto de vista constitucional o de los derechos humanos… Nos conformamos con una argumentación funcional. El problema entonces es que así no logramos acuerdos, encuentros, sino estancamientos que a la larga conducen al predominio del que resulte más fuerte.
Vuelvo sobre el argumento del informe. Lo que está mal está mal. Aunque se cometa a la luz del día, o en un régimen de tolerancia, no por ello se convierte en bueno o en justo. La legalización del aborto no condujo a que desparecieran los abortos clandestinos o el turismo abortivo, sino a que el aborto aumentara en los países en los que se legalizó.
Versiones. Wild World de Cat Stevens interpretada por Joanna Wang.
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