Respecto de los Planes de Estudio: no firmé en manifiesto de Profesores de Derecho y Juristas “Saquemos los Estudios de Derecho de Bolonia” porque pensaba que el Plan Bolonia era una buena oportunidad para una renovación de métodos docentes y porque me pareció que el manifiesto llegaba tarde, muy tarde. Ha pasado el tiempo. Pienso que Bolonia ha sido un fracaso rotundo. No voy a entrar al tema del alumnado, sino de la estructura. Por un lado, la implantación “a coste cero” promovida ya por la Ministra Cabrera ha conducido a una situación permanente de Vicedecanos y Profesores trabajando frente al ordenador sin horarios prefijados y abandonando la investigación para presentar absurdos formularios mediante cambiantes (sin previo aviso) aplicaciones informáticas de la omnipotente ANECA (en nuevo Santo Oficio de la pedagogía universitaria) sin “más luz y guía que la que en su corazón ardía”, es decir, sin ayuda de personal administrativo alguno, porque no lo hay.
El resultado ha sido cambiar de nombre las cosas (en muchos casos se sigue haciendo lo mismo), imposibilitar los cambios de horarios, someterse a la rigidez de aplicaciones informáticas (en lugar de ayuda, obstáculo), reservar para algunos Departamentos fuertes (que en el fondo no tenían ni idea de lo que era realmente el Proceso de Bolonia) amplias porciones de créditos ECTS que ahora son incapaces de atender, arrinconar el concepto de competencia, cuyo alcance se desconoce y resulta inviable de desarrollar con los instrumentos (horas de clase y profesores dedicados) que se emplean, generar estructuras y más estructuras para el ejercicio del control de una calidad en el que, como se suele decir, “el papel lo aguanta todo”.
Parte del interés por los métodos docentes se reduce, en la práctica, a una zanahoria sin gusto ni contenido, que muerde el profesorado en vías de acreditación para conseguir certificados y, con ellos, el beneplácito de la ANECA nacional o autonómica, máquinas de tragar papel impreso con méritos, que reconvierten la carrera docente e investigadora en un cursus papyrorum cuya técnica reduce la vocación docente e investigadora a un prediseñado juego de coleccionar cromos. O sea, que de una transformación a mejor, nos hemos quedado en un conjunto de formalidades burocráticas (aprobación de Junta de Facultad, aprobación de Vicerrectorado de Planes, aprobación de ANECA con reparos, vuelta a la Junta de Facultad, vuelta al ordenador del sufrido Vicedecano, enloquecimiento de la Secretaría del centro para aplicar los nuevos planes, etc., etc.) propias de un mumbo-jumbo onírico.
Una reflexión sobre el movimiento “En Defensa de la Enseñanza Pública” que ha sido adoptado, bendecido, institucionalizado y “webeado” (perdonen el chonismo lingüístico, pero me parece gráfico) por varios rectorados de universidades estatales españolas, la mía entre ellas. Trabajo en una institución universitaria estatal y no me cambiaría (en España) por una institución universitaria de titularidad privada. Me encanta lo que hago y dónde estoy. Afortunadamente, al movimiento institucionalizado por varios rectorados de universidades estatales españolas no se les ha ocurrido emplear el lema “En defensa de la Universidad Pública”, porque hubiera sido un error craso, provinciano, contrario a la propia esencial de la universidad (universalidad), y porque en el continente europeo es impensable la Universidad al margen de la iniciativa estatal.
Me preocupa que este tipo de iniciativas consagren una mentalidad de “especie (lo público) en peligro de extinción”, con la intención de eludir la grave tarea que compete a la enseñanza pública (especialmente la universitaria) de iniciar un cambio a gran escala en el modelo de gestión. Y ya se imaginan lo que sigue: cuando esa reforma en el modelo de gestión llegue “desde arriba” (porque no hubo intención de hacerla “desde abajo”: los votos importan más que el bien común), los rectorados nos jalearán para montarla frente a los ministerios competentes protestando por la “mercantilización de la universidad”. La mercantilización de la universidad terminará siendo definida heterodoxamente como: toda aquella acción u omisión gubernativa consistente en no financiarme el cortijillo para intentar rellenar el agujero negro que, fíjate por dónde, tenemos todos.
Lo último antes de dejar el tema. Desde hace cosa de dos o tres años se viene produciendo en España una fuga de cerebros que no obedece —desde luego— a la alternancia de los partidos mayoritarios en el Palacio de La Moncloa ni a periodos de dictadura militar; los mejor preparados en la Universidad española se marchan fuera del país, al no encontrar aquí trabajo acorde con sus posibilidades. Me temo que el brain-drain seguirá descendiendo en edad; es decir, se marcharán los mejor preparados/los que tienen dinero, a hacer sus estudios universitarios fuera del país. Sí, sí, precisamente lo que tememos: que los ricos manden a los hijos a universidades privadas extranjeras, los listos se busquen la vida también en esas universidades (¡por fin! la “movilidad” llegará) y el resto se quede en la Universidad Z porque es la que cae más cerca de casa y así llego a comer calentito a casa a las dos.
La Universidad española terminará siendo una continuación del Bachillerato público, destinada (como ocurre ya con la enseñanza media de titularidad estatal) a lograr la integración social de colectivos desfavorecidos económica o culturalmente, a lograr buenos ciudadanos activos, a expeler más graduados y postgraduados al salvaje mercado de trabajo. Pero no a conseguir gestores del conocimiento, sujetos intelectualmente inquietos, personas críticas que saben distinguir lo esencial de lo accesorio, o un mensaje interesante de una sarta de mentiras.
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